Historias de asonadas clericales, diezmos y la oscilante realción entre Estado y religión

22/04/2011 en 12:03 am | Publicado en Noticias y Novedades | Deja un comentario

Los enfrentamientos de ideas liberales con dogmas conservadores tejen varios capítulos de la historia entrerriana, a partir de que las instituciones de la Colonia española dieron un lugar de preferencia a la Iglesia católica. Esa fue una de las razones por el clericalismo se opuso al proceso independentista de Mayo 1810. Desde entonces, los intentos por minar la vida estatal se han sucedido frecuentemente hasta hace unas décadas. En 1945, quince templos fueron intervenidos por vínculos con el nazismo, y durante la última dictadura, Paraná se convirtió en una meca de la Iglesia ultramontana y marruanista que un obispo llamado Estanislao Karlic logró desarticular.

La idea de Estado y los intereses de la Iglesia se han llevado a los golpes por los caminos de la historia. Pero la temprana presencia de capillas y cruces en un territorio que se fue poblando de facto, en muchos casos sin actas de fundación ni documentos que impulsen la urbanización, dio argumentos a los clérigos al momento de reclamar protagonismo en legislaciones, posesiones de campos, voz y voto en la designación de gobernantes.
El sostenimiento económico de la religión cuya fundación se atribuye a Shimón bar Ioná –conocido como Pedro, el primer Papa– fue uno asunto tempranamente acordado con el gobierno de la Colonia española, y en Entre Ríos el tema estaba regido por las leyes de India.
Cuando el Estado argentino, independiente y soberano, comienza a gestarse como idea, la posición oficial de la Iglesia fue el status quo, la actitud conservadora. Pero status quo no implicó inercia, quietud. Por el contrario, frente a la acción política enérgica y decidida, la Iglesia militó el fracaso de la Revolución de Mayo: los religiosos que integraron el movimiento independentista lo hicieron a título personal y se enfrentaron a la amenaza de excomunión.
Hubo apellidos de dirigentes liberales que las siempre simplistas evaluaciones maniqueas –revisionistas, pseudosprogresitas, pobretonas– ubican en la columna de los conservadores. Como Mitre, Sarmiento, Roca y un gran colectivo de personalidades de provincia, como el caso de Racedo en Entre Ríos, y el lúcido Oroño en Santa Fe que representaban el pensamiento liberal y debieron hacer frente a la férrea embestida clerical cada vez que intentaron legislar para el conjunto de los ciudadanos.
Nicasio Oroño intentó ya en 1867 que sea el Estado el que asuma la potestad de unir en matrimonio y no la Iglesia. En Santa Fe, la celebración de un casamiento de cristianos no católicos generó tanto encono clerical que el gobernador Oroño debió renunciar al cargo.
Desde Paraná, el obispo de esta diócesis lo fustigó con dureza y erosionó su solvencia política hasta verlo despojado del cargo. El mandatario clerical de la jurisdicción de Paraná envió una nota al gobierno nacional para denunciar al gobernador santafesino por “acciones anticristianas”.
Oroño también envió cartas a la Nación “ante la agitación y el desacato episcopal”, a fin de que “se tomaran medidas contra este empleado a sueldo [el obispo] que se permitía alzarse airadamente contra la soberanía provincial”. El escritor Atilio Torrasa, autor del libro “Mitre, paladín del laicismo” completó el panorama santafesino en un artículo: “Una insurrección de indios de las reducciones, azuzados por el clero, entró a saco en la ciudad, y para no verse forzado a una represión sangrienta, Nicasio Oroño prefirió renunciar. La ley fue dejada sin efecto. No obstante, con informe favorable de su asesor, Vélez Sarsfield, el gobierno nacional reconoció que las provincias podían legislar en esa materia mientras el Congreso no promulgara el código civil”.

DIEZMO. También en Entre Ríos los intelectuales y gobernantes liberales dejaron sentado que la Iglesia debía tomar distancia de los asuntos del Estado y procurarse el sustento por sí misma y así se dejó sin efecto el diezmo –contribución pecuniaria a favor de la Iglesia–, que estaba instrumentada desde los meses posteriores a la creación de la República de Entre Ríos en la segunda década del siglo XIX.
“Lucio Mansilla, con ideas modernas, un tanto liberales, suprimió el diezmo, pensando que la Iglesia debía ser sostenida por los creyentes”, escribió Carlos María Aranguren en su libro “Hombres del Paraná”.
Sin embargo Mansilla no desatendió el asunto y a fin de que la Iglesia tenga su sustento nombró comisionados para que recauden entre los feligreses que quieran hacer voluntarias donaciones.
Cuando asumió el gobernador católico Pascual Echagüe, la Iglesia se alzó nuevamente con las prerrogativas. “La reposición del impuesto al diezmo ha costado al gobernador Echagüe, en la historia la mayor andanada de críticas desde los jueces liberales. Echagüe lo hizo porque creía en la acción civilizadora de la religión”, escribió Aranguren.
Con fecha 4 de mayo de 1833, el Congreso de Entre Ríos restituyó el cobro del impuesto en beneficio de la Iglesia y creó la Junta General de Diezmos encargarla de administrarlo. El consejo estaba integrado por curas y funcionarios.
El diezmo caía sobre la producción rural: por cada vaca vendida, el productor debía pagar seis reales; por cada yeguarizo, dos reales; por cada mula, dos pesos, y por una oveja vendida, un real, disponía la ley. Tres años más tarde, también debían pagarlo los productores agropecuarios: “un peso por fanega de garbanzos; tres pesos por fanega de porotos y habas; dos pesos por arroba de tabaco, y dos pesos por arroba de algodón”, reveló Aranguren.
Con el gobernador Juan León Solá, la Iglesia vivió un tiempo de tensión porque a partir de la decisión de continuar con la política secularizadora de su antecesor Mansilla. Precisamente historiando sobre la educación argentina, la reconocida pedagoga Adriana Puigross, escribió que “en En Entre Ríos, la lucha entre la Iglesia y el Estado por el control de la educación había tenido su momento culminante en 1825, a raíz del decreto que prohibía el establecimiento de órdenes religiosas en todo el territorio provincial”.
Fue Solá, en el marco de una política progresista en materia educativa, el que determina, a la vez, la prohibición de que se instalen en Entre Ríos congregaciones religiosas, dispuso además que “el servicio del altar” debía estar “en manos del clero secular” y prohibió “la intromisión de comisionados de órdenes, venidas con la intención de conseguir limosnas para ser invertidas fuera de la provincia”.

GOLPES. Cuando el obispo de Córdoba Rodrigo Antonio de Orellana fue descubierto por el gobierno revolucionario de Mayo con nuevos intentos golpistas, fue encarcelado en Paraná.
Orellana había salvado su cabeza gracias a su investidura de obispo, pero no así sus cómplices: todos fueron fusilados, junto con el virrey Liniers en una historia que ya fue contada en “Entre Ríos Secreta”.
La historia de Entre Ríos está largamente atravesada por episodios protagonizados por clericales golpistas. Quizás uno de los casos más graves se vivió en 1945, cuando el gobierno entrerriano debió intervenir quince iglesias “que estaban bajo influencia nazi”, según relató Jorge Lanata en su libro “Argentinos”. “En Entre Ríos vivían unos 64.000 alemanes” y “Concordia, dada su fácil comunicación con el Uruguay, resultó ser el centro de las actividades nazis de la provincia”, escribió el periodista.
Durante los convulsionados años de 1970 –puntualmente desde la dictadura de 1976– en la diócesis de Parará se aquerenció la línea eclesiástica más dura que bendijo la represión ilegal y postergó la aplicación de los postulados del Concilio Vaticano II, que ubicaba a la Iglesia en su etapa de mayor tolerancia y apertura.
Es probable que la vecindad de los hechos en el tiempo no le permita a muchos evaluar en su justo grado el nivel de compenetración que tuvo la Iglesia entrerriana de entonces, con Adolfo Servando Tortolo a la cabeza, con causas totalitarias. Se trató de un tiempo nefasto –hay que decirlo con todas las letras– que chocó con la posición contraria de quien asumió el gobierno arquidiocesal luego: Estanislao Esteban Karlic.

REFORMAS. Con su llegada en 1980, Karlic puso punto final al último intento eclesiástico por continuar minando las instituciones de la República. Por fue recién con la muerte de Tortolo, en 1986, cuando pudo asumir las reformas y la disolución de células ultraortodoxas y fascistas. “Una de sus primeras acciones, adoptada antes de la muerte de Tortolo, la más conflictiva, fue la remoción del cuerpo de formadores que hasta entonces manejaban con mano de hierro el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, ubicado en la zona del Brete”, narra el periodista Ricardo Leguizamón ante una consulta de este cronista.
“Los cambios –amplió– apuntaron a dos figuras clave: el jesuita Alfredo Sáenz, y el ex fundador de Tacuara, Alberto Ezcurra Uriburu, que había regido los destinos del Seminario durante trece años, llegado aquí de la mano de Tortolo. Karlic hizo todo de modo cauteloso. Dispuso los cambios durante el receso invernal en el Seminario, pero aún así no pudo evitar el escarnio público. El sector más ortodoxo le respondió con insultos, y pintadas en las paredes del frente de la casa de formación por haber echado de la diócesis a Sáenz y Ezcurra”.
El lunes 22 de julio de 1985 el todavía arzobispo coadjutor Estanislao Karlic firmó la resolución a través de la cual descabezó al equipo de formadores de los seminaristas.
El texto de la resolución, aunque muy moderado, endilgaba a la institución haber quedado atrapada en el tiempo, y no haberse renovado. En concreto, planteaba que “las líneas clave del Documento de Puebla abren un camino de comunión y participación que sólo será realidad cuando el Seminario viva según el espíritu de este documento del magisterio latinoamericano, siendo el momento de insertar vigorosamente a nuestro Seminario en la línea eclesial de las recientes normas para la formación sacerdotal en los Seminarios de la República Argentina, habiendo oído repetidas veces al Señor Obispo Auxiliar y al Colegio de Consultores”.
Recuerda Leguizamón que la disposición supuso el apartamiento del sacerdote Cecilio Paul “del cargo de rector que ejerció de modo decorativo, por cuanto las líneas pastorales las trazaban Ezcurra y Sáenz”.
Sánez es ahora una especie de embajador sin cartera de su orden, la Compañía de Jesús, la misma a la que pertenece el cardenal primado, Jorge Bergoglio. Ezcurra, ya fallecido, no bien Karlic dispuso los cambios buscó cobijo en otra diócesis, la de San Rafael, en Mendoza, adonde el obispo León Kruk apañó a una congregación que se las ingenió para escandalizar a la cúpula católica del Episcopado: el Instituto del Verbo Encarnado. Todo eso antes vivió en Paraná, meca de la Iglesia ortodoxa de la dictadura.
Al Verbo Encarnado, una congregación que se enfrentó con la jerarquía católica y que obligó al Vaticano a designar un observador hasta que finalmente se llegó a un acuerdo, llegó no sólo Ezcurra sino también un grupo de seminaristas y sacerdotes, malquistados con Karlic, explicó Ricardo Leguizamón que se encuentra, en estos momentos, dando los trazos finales a una biografía del ex arzobispo de Paraná.
Fuente: Jorge Riani. El Diario de Paraná.

Anuncios

Dejar un comentario »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Blog de WordPress.com.
Entries y comentarios feeds.

A %d blogueros les gusta esto: